Guillermo Fabela Quiñones
En la Asamblea Interuniversitaria llevada a cabo el pasado domingo 10 en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, se vio un cartel que define la causa de la movilización social que se vislumbra en el horizonte. Con letras de molde fue escrito: “Cerramos la UNAM para que permanezca abierta a todos”. Este mensaje puede ser el preámbulo de una realidad que comienza a tomar forma después de más de tres décadas de acumularse déficits sociales en un país históricamente afectado por la desigualdad, la injusticia y la corrupción.
Detrás de tan escueto mensaje está una realidad que se escondió durante los primeros tres años del actual gobierno: la educación no es una prioridad sino un obstáculo para proseguir la marcha del Estado mexicano por el rumbo que exige una elemental congruencia con el progreso, la inclusión democrática y el desarrollo social. Está claro que se trata de una estrategia preconcebida con la finalidad de reducir las posibilidades del pueblo a su derecho inalienable de tener una educación de calidad gratuita, que permita a los jóvenes no sólo un mejor nivel de vida sino un futuro más promisorio, sin que se tache de “aspiracionismo” un anhelo humano vital.
SE VISLUMBRA UNA MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL JUSTIFICADA
Entre los acuerdos a que se llegó se convocó a una marcha este miércoles 12 de octubre. El pasado día 6 de este mes hubo un primer encuentro entre representantes estudiantiles de la UNAM, el IPN y la UAM. En la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), más de la mitad de la población estudiantil, de un total de 11 mil alumnos con que cuenta, está en paro. En asamblea realizada el día 6 fue destituido el rector José Solís Ramírez y designado como sustituto Ángel Garduño. Dejaron de laborar 2 mil 822 profesores y 4 mil 500 trabajadores de base y administrativos, de la sede de Texcoco y doce centros regionales.
Igual número de escuelas de bachillerato y de nivel superior de la UNAM se encuentran en paro indefinido a partir del día 6 de este mes. El común denominador del descontento estudiantil en las principales universidades públicas del país, es la imposibilidad de cumplir sus programas básicos por falta de recursos, desde el inicio del sexenio, cada vez más dramáticos a partir de que se declaró oficialmente la “austeridad republicana”, política que no ha repercutido en las altas esferas de las cúpulas del empresariado y del sector financiero, sino todo lo contrario como se advierte en las cifras que da a conocer el INEGI. En contrapartida, la red de Universidades para el Bienestar Benito Juárez suma ya 145, en condiciones de igual precariedad no sólo en infraestructura sino en cuanto se refiere a la viabilidad de atender programas propios para el mundo que habrán de enfrentar sus egresados.
SE HAN LIQUIDADO PROGRAMAS DE LA SEP FUNDAMENTALES
La única que se salva de esta situación, en materia presupuestal, es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada por el presidente López Obrador en el año 2001, cuando era jefe de Gobierno, la cual cuenta ya con cerca de 20 mil alumnos. Por cierto, en ella laboraba como maestro emérito el recién fallecido poeta y literato que deja una obra imperecedera, David Huerta; asimismo, cuenta con una plantilla de maestros de alto nivel profesional. Pero lograr lo mismo con el resto resulta inviable y hasta utópico, como lo está demostrando la realidad.
El propio mandatario patentiza con hechos que, quienes lo han criticado desde siempre, sus adversarios que llama “conservadores”, tienen razón en lo que se refiere a su afán de actuar sin planear políticas públicas que demandan eso, planeación. En materia educativa esto es inadmisible, teniendo en cuenta que nada es más dinámico que los avances en el conocimiento de nuestro entorno social y económico, lo cual demanda permanente actualización de los maestros y de la infraestructura escolar. Esto no se ha visto sino al contrario, al haber liquidado programas como el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), el cual quedó como simple Sistema Nacional de Información; otro que fue liquidado, lastimosamente, fue el de Escuela de Tiempo Completo.
¿PREVE EL T-MEC PROFESIONALES MEXICANOS SIN EXCELENCIA?
Está visto que la estrategia del T-MEC tiene contemplada una división del trabajo entre los tres países en la cual México deberá aportar mano de obra no especializada, sin conocimientos más allá de los que abarque su capacitación conforme a los requerimientos de las dos naciones de primer mundo. Los especialistas los pondrán ellos, en las ramas que le sean asignadas a nuestro país en su papel primordialmente de maquilador, como se viene haciendo desde el empoderamiento de la tecnocracia neoliberal. No encontrarán ningún obstáculo, aunque de prosperar el descontento estudiantil en los próximos meses, podría darse un efecto dominó, con el magisterio cada vez más decepcionado por el incumplimiento de las promesas que les hizo el mandatario, como el pago de salario mínimo en pesos no en UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que reduce sus emolumentos, de por sí menguados por la “pobreza franciscana”, por supuesto, con la connivencia del Sindicato de Maestros (SNTE).
Esta situación es más evidente debido al trato que reciben las Fuerzas Armadas, mismo que ha logrado unificar el sentir de las clases mayoritarias sobre tan dramático contraste. Ahora, con el paso que dio el embajador estadunidense, Ken Salazar, de tomar una iniciativa contraria a nuestra Carta Magna, la pregunta que se hace la sociedad civil es justificable bajo la legitimación de la Guardia Nacional por ambas Cámaras: ¿De qué sirve esta agrupación si como ha quedado constancia en Zacatecas serán agencias especializadas del gobierno estadunidense las que tomarán bajo su cargo el combate al crimen organizado, al menos en esa entidad?
COMIENZA UNA ETAPA MÁS LESIVA QUE LA INICIATIVA MERIDA
La perniciosa Iniciativa Mérida, que se puso en marcha en el gobierno de Felipe Calderón, quedó como un ejercicio táctico en comparación con esta decisión anticonstitucional, por muy necesaria que sea ante la gravedad de la violencia en buena parte de la República mexicana, que en otro país democrático sería definida como una “guerra civil”. Pero el presidente López Obrador, como es usual en él, minimizó el hecho diciendo que “a veces no conocen bien las leyes”. Retomó su argumento de que “antes el gobierno estaba totalmente penetrado por agencias extranjeras y por la delincuencia organizada… hay que pensar en no engancharnos ni caer en provocaciones”.
¿Sería entonces una provocación, no del embajador sino del gobierno estadunidense, pues con él llegaron a Zacatecas representantes de las principales agencias dedicadas al combate de la delincuencia organizada del gobierno que representa? A esta pregunta, ni espulgando lo saqueado por los hackers de la Guacamaya se encontrará respuesta satisfactoria, objetiva. Serán los hechos los que la ofrezcan, o en última instancia la Historia.
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