Juan Alberto Vázquez / Estados Unidos
El Departamento de Justicia sí mantiene una investigación criminal abierta contra el expresidente Donald Trump por su presunta participación en un esquema de querer certificar listas de falsos electores para tratar de revertir la victoria del actual presidente Joe Biden.
En los últimos días fiscales encargados del caso habrían interrogado ante un gran jurado a testigos, incluidos Mark Shoert, el exjefe de personal de Mike Pence, y al abogado, Greg Jacob. Los fiscales buscan aclarar las conversaciones que tuvo Trump con sus abogados, especialmente John Eastman y Rudy Giuliani, según informó la tarde del martes el Washington Post, que citan a personas anónimas familiarizadas con el asunto.
Todo indica que el esquema de falsos electores fue diseñado por Giuliani y consistía en impulsar a funcionarios republicanos en estados “columpio” para realizar listas alternativas e ilegítimas de electores que que dieran fraudulentamente el triunfo a Donald Trump. De ahí se derivan asimismo las presiones del expresidente y sus allegados sobre Mike Pence, a quien le asignaban el poder de cancelar el conteo del 6 de enero, para enviar de regreso a los estados las listas originales que serían reemplazadas por las fraudulentas. Pence se negó en todo momento a ceder a esa orden.
Ese y otros intentos de Trump por revertir la elección presidencial estadounidense, han sido mostrados a detalle en las siete audiencias públicas celebradas durante junio y julio por el Comité Selecto 6 de enero que investiga el asalto al Congreso. El caudal de pruebas y testimonios, primordialmente de republicanos y exaliados del presidente, no han hecho sino aumentar la presión sobre el fiscal general de los Estados Unidos Merrick Garland, que dos veces en este año ha dicho que “nadie está por encima de la ley” y que en reciente entrevista con la NBC News dijo que el Departamento de Justicia "planea enjuiciar a cualquiera que sea criminalmente responsable de interferir con la transferencia pacífica del poder”.
También el mensaje dado el lunes por un normalmente ecuánime presidente Joe Biden, agrega presión sobre Garland . “No se puede estar a favor de la insurrección y de la policía. No se puede estar a favor de la insurrección y de la democracia. No se puede ser pro-insurrección y pro-estadounidense”, dijo Biden en referencia a las 3 horas que Trump estuvo mirando por televisión el ataque de sus seguidores al congreso sin intentar impedirlo.
Otro delito que el expresidente habría cometido y por el cual puede estar siendo investigado, es por el de conspiración sediciosa y conspiración para obstruir un proceso gubernamental, que son cargos que aparecen en el dictamen de una parte de los más de 840 procesados por violentar el Capitolio el 6 de enero.
El DOJ ha recopilado además los registros telefónicos de funcionarios y asesores de Trump, incluido su exjefe de gabinete, Mark Meadows. En semanas anteriores agentes federales decomisaron además dispositivos electrónicos de Eastman y realizaron cateos en la casa de Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia que apoyó los esfuerzos ilegales de Trump.
Mientras él está calculando lanzarse por un segundo mandato, es muy probable que Trump deba enfrentar antes a la justicia que puede descarrilar en definitiva su candidatura a la presidencia.
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