Guillermo Fabela Quiñones
APUNTES…
Es motivo de profunda preocupación que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirme que su gobierno está “muy preocupado” por el asunto de la reforma eléctrica, haciendo eco a las declaraciones de congresistas estadunidenses en ese sentido, quienes en realidad son voceros de las grandes trasnacionales de su país, reacias a permitir que México busque los medios idóneos para enfrentar la gravísima crisis que se avecina en materia económica, resultado de cuatro décadas de desmantelamiento del aparato productivo dependiente del Estado, el cual hizo posible el crecimiento real de la economía durante varias décadas.
En su papel de representante de la Casa Blanca, el diplomático debería evitar mostrarse como cabildero empresarial, al igual que muchos congresistas. Lo razonable, particularmente en esta etapa inicial de su gestión diplomática, es hacer honor a su papel de apuntalar una relación bilateral de beneficio mutuo, como conviene en esta coyuntura de cambios obligados por el imperativo de poner coto a los abusos del gran capital, mediante el usufructo de bienes y servicios que son la base del desarrollo, sobre todo de economías emergentes como la de México.
OLA MIGRATORIA, LLAMADO A PREOCUPARSE POR SUS CAUSAS
Es evidente que esos grandes intereses globales, cuyas ganancias son incuantificables al rebasar cantidades que se ocultan en paraísos fiscales, no aceptan perder un solo dólar de los cientos de miles de millones que reciben por la explotación que llevan a cabo de las riquezas del tercer mundo, no obstante el gravísimo peligro que representa para el futuro de la humanidad tan irracional e inhumana forma de acumular capital a costa del sufrimiento de más de tres cuartas partes de los habitantes del planeta.
Esto es lo que debiera preocupar al embajador estadunidense, pues los riesgos son para todos los pueblos del mundo, como se acaba de subrayar en la reunión cumbre de Glasgow en Escocia sobre cambio climático. Continuar por el camino que se abrió en el llamado Consenso de Washington a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, es un crimen de lesa humanidad. Esta concepción económica la tienen muy clara círculos académicos de los propios países del Grupo de los Siete, como se advierte en las reuniones de los principales organismos internacionales; falta que tal realidad permee a los pueblos, una utopía mientras los medios más influyentes sigan en manos de los consorcios hegemónicos.
NI EN EU PREOCUPA RECTORIA SOBRE RECURSOS ESTRATEGICOS
Lo que debería preocupar a los círculos de poder en Washington y Wall Street, y por ende al embajador, es el gravísimo problema que se vislumbra al agravarse la pobreza en el mundo subdesarrollado, debido principalmente a la súper explotación de los recursos naturales sin que eso reporte beneficios a los pueblos. Lo preocupante, en esta hora del mundo, es que no hay visos de que se quiera frenar la irracionalidad económica que se agravó con el neoliberalismo, provocando fenómenos como la creciente ola migratoria de los expulsados de sus naciones que se ven obligados a paliar su hambre aunque corran el riesgo de perder la vida en el intento.
El embajador Salazar debería mostrar su preocupación por este gravísimo problema, no por las inciertas “pérdidas” que les reportaría a las trasnacionales tener que compartir con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo que en justo derecho le corresponde: garantizar para la sociedad nacional el usufructo del 56 por ciento de la producción y distribución del fluido, a fin de que no suceda lo que está ocurriendo en Europa: la especulación desbocada de la energía eléctrica, con las consecuencias inherentes a una acción encaminada a fines de lucro sin medida.
Las trasnacionales quieren el cien por ciento de los beneficios, esto no sucede ni siquiera en Estados Unidos, donde el gobierno tiene regulaciones muy estrictas por conducto del Departamento de Energía (DOE por sus siglas en inglés), con la rectoría del Estado sobre las empresas privadas. Esto es lo que se quiere recuperar en México con la reforma al sector eléctrico, la cual se perdió básicamente en el sexenio de Carlos Salinas. No se afectarían contratos ya establecidos, no hay motivos para preocuparse.
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