Guillermo Fabela Quiñones
APUNTES...
La trascendencia de la iniciativa de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna es incuestionable, pues su aprobación en el Congreso sería un acto de congruencia política del régimen de la Cuarta Transformación con su compromiso de recuperar la soberanía del Estado sobre sus recursos estratégicos, sin la cual sería impensable desandar el camino trazado por la tecnocracia desde hace cuatro décadas, que condujo a la nación al precipicio en que nos encontramos ahora.
Cabe precisar, para que no queden dudas, que la caída al abismo se frenó gracias a la legitimidad del triunfo electoral en 2018. Esto no debe olvidarse, lo tiene muy presente la cúpula oligárquica nacional, porque es la única posibilidad para continuar la marcha hacia el fortalecimiento del estado de derecho, la estabilidad política y la recuperación del crecimiento. No hay otra, bien lo saben y tendrán que aceptarlo los principales grupos empresariales.
NECESARIAS LAS BASES DE LA RACIONALIDAD ENERGETICA
Esta reforma tiene como objetivo estratégico garantizar la rectoría económica del estado en áreas que ninguna nación deja al libre juego de las reglas del mercado, incluidas las del Grupo de los Siete, con el liderazgo de Estados Unidos. La contrarreforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto fue la “cereza del pastel” de las ambiciones y voracidad de empresas trasnacionales; significó la culminación de un largo proceso de desmantelamiento del aparato económico estatal, iniciado con el arribo de la tecnocracia apátrida al poder en 1982.
Son falsos los argumentos del dirigente panista, Marko Cortés, de que esta reforma “atenta contra el libre mercado, aumenta el control del estado y perjudica a las familias mexicanas”. Al contrario, se crearían las bases para un mercado más racional, tendiente a poner fin al libertinaje que propugnan las grandes empresas con capacidad para imponer sus condiciones a gobiernos débiles y corruptos, como quedó ampliamente demostrado durante los pasados cuarenta años. ¿Acaso se podría perjudicar aún más a las familias que lo hecho por la voracidad de los gobiernos neoliberales?
¿No estamos padeciendo la carga del Fobaproa (hoy IPAB), el robo más deshumanizado, inmoral e injusto de nuestra historia? Según el dirigente panista, la reforma enviada al Congreso por el presidente López Obrador, “es un grave retroceso (que) regresa al monopolio de la generación y distribución eléctrica al estado”. No es así, pues el sector privado tendrá una participación de 46 por ciento en ambos renglones, mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controlará el 54 por ciento. Los órganos reguladores ya no tendrán razón de ser una vez fijadas las reglas del juego, sin riesgos del libertinaje que anhelan las grandes empresas energéticas privadas.
SUMAR FUERZAS PROGRESISTAS: RETO INEXCUSABLE
Esta reforma puede catalogarse como un paso firme hacia la racionalización de la energía en México, tal como lo hacen las economías más poderosas del planeta, única alternativa para evitar los riesgos de déficits de combustibles como los que empiezan a sufrir Gran Bretaña y China, problema que es una señal de alerta para el resto del mundo. La balandronada del panista, de que su bancada creará un grupo de trabajo que funcione como bloque de contención contra la reforma, y para que “la nueva locura del mandatario no sea aprobada”, patentiza que no será fácil la lucha contra fuerzas reaccionarias que se fortalecieron en los pasados tres años.
Sin embargo, esta reforma obliga a sumar fuerzas progresistas y democráticas, lo que redundará en el fortalecimiento del régimen, alicaído por los zigzagueos y contradicciones del mandatario. En lo sucesivo, el partido en el gobierno tendrá que seguir un rumbo acorde con el imperativo de defender la reforma con la que se puede garantizar un futuro menos incierto en materia energética, siempre y cuando se pongan sólidos candados a la corrupción, a la impunidad y a la irracionalidad tecnológica.
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