Guillermo Fabela Quiñones
La importancia de la autocrítica es vital en todas las actividades humanas, y más aún en el servicio público por su trascendencia social y económica. Ese ha sido el propósito de este servidor desde los inicios de mi labor periodística, teniendo en cuenta que tal comportamiento nunca se ha practicado por quienes tienen el monopolio del poder, desde la etapa prehispánica hasta nuestros días, pasando por los tres siglos de dominio colonial que reforzó el autoritarismo previo que caracterizó a los imperios étnicos dominantes antes de la fundación de México.
Poner en práctica un ejercicio autocrítico básico era y es fundamental en este gobierno, al ganar las elecciones -por primera vez en la historia de manera limpia, transparente e inobjetable- con la promesa de cambios estructurales de fondo, sobre todo en el plano social y económico, donde hay más necesidad de reformas profundas que fortalezcan el Estado de derecho, imperativo ineludible en el proceso de construir un nuevo régimen, tan ambicioso que hasta se bautizó como el de la Cuarta Transformación. Sin embargo, cerca de cumplir cuatro años de ejercicio del poder, no hay visos de que se avance en la dirección prometida.
Se priorizó la política como instrumento, no de cambios estructurales, sino de manipulación de las clases mayoritarias, así lo evidencian hechos concretos como el mantenimiento del neoliberalismo en el trasfondo de las políticas públicas del régimen, claramente favorables a las cúpulas que se fortalecieron en las últimas cuatro décadas, a partir del sexenio de Miguel de la Madrid. Lo más calamitoso, desde la perspectiva de la misma Cuarta Transformación, ha sido el manejo de la economía con objetivos políticos, mientras que la política económica pareciera operada por esa élite, como lo ejemplifica la realidad.
El propio presidente López Obrador no pierde oportunidad para señalar lo bien que les va a los grandes magnates en su administración, como si hubiera necesidad de ponerlo en evidencia. Dejó de lado la prioridad de su mandato, que era y sigue siendo la recomposición del tejido social y el fortalecimiento del Estado de derecho, situación que conoció ampliamente durante sus largos recorridos por el país, tanto como dirigente de Morena como candidato a la presidencia de la República; sin duda, asignaturas pendientes para poder combatir, con más posibilidades de éxito, tanto la desigualdad como la violencia extrema que se reactivó durante el sexenio de Felipe Calderón.
YA NO CABE LA DISCULPA DE QUE EL PRIAN DEJO UN TIRADERO
En la actualidad es alarmante el nivel en que se ha incrementado el flagelo, tal como lo estamos viendo sin que haya visos de una elemental voluntad de cambio, al no aceptarse que la estrategia de contemporizar con los grupos delictivos, cada vez más violentos y crueles, no tiene sentido por su ineficacia; es incuestionable que tienen vía libre para seguir fortaleciéndose, como lo patentiza la terca realidad. En este momento ya no cabe la disculpa de que el régimen de la dupla PRI-PAN dejó el país empantanado en sangre y violencia extrema, además de altos niveles de pobreza y desempleo. Eso lo sabemos la mayoría de ciudadanos.
ACTO OPROBIOSO, LA IMPUNIDAD COMO PALIATIVO SOCIAL
Lo más lamentable es que así se propicia que se olvide, o pase a segundo plano, la responsabilidad histórica del régimen de los tecnócratas apátridas, como si ese fuera el propósito del presidente López Obrador, para quien el único culpable de todo lo que nos pasa pareciera ser sólo Calderón y su compinche Genaro García Luna. Por supuesto que a él le toca una responsabilidad histórica, con su corrupta estrategia de declarar la “guerra a los grandes capos del crimen organizado”, con la aquiescencia y complicidad de sectores influyentes de Washington, al poner en marcha la Iniciativa Mérida.
En el acto oficial de apertura de archivos e instalaciones militares a la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, el pasado martes, el mandatario afirmó: “No se puede dar vuelta a la hoja así nada más, tenemos que conocer toda la verdad y que se haga justicia para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva a haber represión”. Es correcto tal planteamiento, pero no sólo con respecto al pasado, sino para el presente, cuando es un “acto oprobioso” la impunidad de que gozan bandas delictivas, situación inocultable por las muchas evidencias que así lo prueban y que padecen pobladores de gran parte del país. Hacer cumplir la ley no es represión, lo es mantener a amplios sectores de trabajadores del campo y las ciudades en constante zozobra, no sólo por la injusta situación económica, que no se va a resolver con programas asistencialistas, sino por la inseguridad y la violencia cada vez más cruel y aterrorizante.
CIRCULO VICIOSO SIN APUNTALAR EL ESTADO DE DERECHO
“Cuando el Estado no tiene control territorial y permite que grupos armados lo controlen, a eso le llamamos Estado fallido”, afirmó el rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón, Juan Luis Hernández, quien puntualizó: “Estamos sometidos a la ley del secuestro, de la extorsión, del asesinato”. Pero al presidente López Obrador parece que sólo le preocupa la marcha de la economía, que los magnates tengan condiciones favorables para invertir, lo cual es impensable sin Estado de derecho.
Tal realidad oprobiosa se magnifica por la ausencia de autocrítica, que en este gobierno es un hecho incontrovertible. Pronto se verá que se revertirá en su contra, no del propio Presidente sino de su proyecto de nación, cuyos cimientos requieren de un proceso de seria, responsable y acuciosa autocrítica, con el propósito de no perder el piso de la realidad, aunque sea doloroso darse cuenta que no todo es “miel sobre hojuelas” en el escenario que se quiere ocultar con demagogia cada vez más burda.
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