Guillermo Fabela Quiñones
La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que, de aplicarse tal como se plantea, tendrá consecuencias inenarrables en el tejido social del país, de por sí gravemente afectado por décadas de nulo desarrollo y cero crecimiento real, situación que se manifiesta en altísimos índices de violencia extrema, descomposición de la sociedad porque la desigualdad y la impunidad se mantienen inalterables, realidad dantesca que se recrudeció por el bajo nivel de sectores vitales para la vida nacional, como la educación y la salud.
Tal reforma incluye la figura de “consentimiento informado” (¿) en la atención médica y mental; se elimina el “modelo siquiátrico asilar”, a cambio se ofrecen “servicios ambulatorios u hospitales generales, regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud”, sin que se obligue al gobierno federal a ampliar el gasto público con ese objetivo. El director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada Gaytán, declaró su beneplácito y la dependencia, en un comunicado, la definió como “un paso muy importante” para fortalecer “el acceso universal, igualitario y equitativo de la atención en materia de salud mental y adicciones”.
MEDIDA QUE NI LA TECNOCRACIA NEOLIBERAL LLEVO A CABO
Cabe advertir que se trata más bien de un atentado al sistema democrático que se pretende apuntalar con el modelo de la Cuarta Transformación. De hecho, el régimen está tomando una medida que ni los neoliberales se atrevieron a llevar a cabo: quitar al gobierno federal la responsabilidad de dar atención especializada a enfermos mentales y adictos crónicos, y pasársela a las familias o dejarlos en las calles, en riesgo para ellos mismos y la sociedad. Sale sobrando decir que en los hospitales generales subsiste una saturación siempre en ascenso, déficit creciente de equipos, instrumental médico y medicamentos. Es utópico suponer que se les daría atención psiquiátrica.
Es una burla querer justificar tan terrible atropello a los derechos humanos con el argumento de que “se fortalece el acceso universal, igualitario y equitativo de la atención”, sin puntualizar cómo lograrlo. Sería todo lo contrario, porque no existen mínimas condiciones en la actualidad para que la propia sociedad asuma un compromiso absolutamente fuera de su alcance. Esto equivaldría a dar un “gran paso hacia atrás”, de siglos cuando la ciencia no contaba con los medios para curar enfermedades mentales y los pacientes, cuando la familia quería “ayudarlos”, se enviaban a mazmorras infectas donde morían pronto.
Los cambios que demanda este flagelo social son en sentido inverso al que se pretende instaurar de manera tan inhumana. Lo urgente es propiciar condiciones que frenen las consecuencias calamitosas de los males mentales, todos muy complejos, por lo que se requieren médicos especializados e instituciones igualmente dedicadas a estos problemas en específico. En la actualidad, la medicina psiquiátrica ha tenido grandes avances que permiten incluso la recuperación del enfermo. Claro que eso cuesta.
Es kafkiano pretender que los familiares de un enfermo mental se encarguen de su atención, con los enormes riesgos que ello implicaría. ¿No estamos viviendo acaso en un entorno social en total declive familiar? ¿Con que recursos se podría llevar a un enfermo a un hospital público donde, en el mejor de los casos, le darían algún medicamento que lo pondría peor de lo que ya está? ¿Cuántos elementos de las organizaciones del crimen organizado laborarían en una actividad lícita si sus familiares los hubieran atendido durante la manifestación de su enfermedad mental?
CON LA PANDEMIA SE AGRAVARON ENFERMEDADES MENTALES
El doctor Enrique Chávez-León, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en 2018 puntualizó la necesidad de aumentar a 5 por ciento el presupuesto de salud a la atención psiquiátrica; en ese año sólo se destinaba 2 por ciento. Hoy seguramente es aún menor tan escaso porcentaje; hace cuatro años los trastornos mentales afectaban a casi 30 por ciento de la población y el 85 por ciento no la recibía; de las personas atendidas en alguna institución, 67 por ciento lo hacía de manera involuntaria; sólo 11 por ciento de los enfermos con algún problema psiquiátrico buscaba atención especializada. (Información de Animal Político).
En la actualidad, tal escenario debe haberse complicado dramáticamente, luego de dos años de duras condiciones sociales y económicas por efecto de la pandemia de Covid-19. Aun no se cuenta con información precisa de las escalofriantes cifras de suicidios, la mayoría adolescentes; violencia intrafamiliar que desembocó en tragedias mortales, depresión al nivel de incapacitar al enfermo; cuántos niños y jóvenes quedaron en situación de calle a partir de que sus familiares no pudieron enfrentar un problema que los rebasó; cuántos cayeron en fuertes adicciones por el confinamiento y pérdida de sus bienes, etcétera.
OBLIGACION DEL ESTADO LA PROTECCION DE LA SALUD
Ahora la Cámara de Diputados nos sale con una ley en sentido inverso de lo que demanda la realidad, lo cual no sólo es preocupante sino implica una distorsión gravísima de los objetivos que dice buscar el régimen del cambio democrático. La atención a la salud es una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos, ordenamiento constitucional que se pretende coartar con una fórmula inentendible que se bautizó como “consentimiento informado” que elimina el único mecanismo viable para una atención especializada de las enfermedades mentales: la hospitalización. ¿Acaso se propone el cierre definitivo (por razones de “austeridad”) de los 32 hospitales psiquiátricos que apenas subsisten en el país? ¿Qué se hará con el personal médico especializado y el de enfermería y apoyo administrativo de dichas instituciones? De hecho, ya están siendo liquidados por falta de recursos básicos.
Lo que resulta muy claro, es que hospitales privados en este ramo se habrán de beneficiar al cobrar más altos sus servicios a los pacientes que tienen recursos para darse ese lujo, una minoría frente al enorme número de enfermos mentales y adictos, el cual crece exponencialmente como consecuencia de los efectos de la descomposición social producto de la inercia del neoliberalismo, ahora impulsada por las medidas para encauzar la “austeridad republicana”, un eufemismo para que el actual gobierno se desentienda de responsabilidades ineludibles en materia de salud y educación.
Es no sólo injusto, sino política y económicamente incorrecto, seguir por el camino del manejo cada vez más centralizado de recursos públicos, cuando no se orientan al fortalecimiento de la estructura social de la nación, un imperativo ineludible que acrecentó la pandemia y sus dramáticas secuelas. Se está sentando un precedente de gravísima irresponsabilidad del Estado como garante de una vida democrática con visión de futuro. Esta ley cancelaría toda posibilidad de progreso y desarrollo social, las consecuencias de las enfermedades mentales tienen un efecto multiplicador avasallador, lo vemos en los altos niveles de violencia y criminalidad en el país. No hay ninguna justificación racional para dar paso a tal monstruosidad.
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